El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por una empresa comercial, que cuestionaba la aplicación en una causa laboral de la Ley N° 21.227 a un despido ocurrido antes de la entrada en vigencia de esa norma, y que la empresa fundaba en el cierre de establecimientos por la pandemia de Covid-19 y en la causal de caso fortuito o fuerza mayor del Código del Trabajo. El Tribunal resolvió que el requerimiento carecía de fundamento plausible, pues no planteaba un conflicto de constitucionalidad directo, sino una cuestión de legalidad sobre la eficacia temporal de la ley y de interpretación de la causal de despido, materia que corresponde resolver al tribunal de la gestión pendiente. En consecuencia, declaró inadmisible el requerimiento y alzó la suspensión del procedimiento.
Normas citadas
artículo 159, numeral 6, de Código Penal
artículo 1, inciso cuarto
artículo 19, inciso segundo, numeral 3
artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
artículo 19, inciso primero, numeral 1
artículo 19, inciso cuarto, numeral 1
artículo 63, inciso primero, numeral 6
artículo 19, inciso primero, numeral 7, letra c, párrafo 1
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad IndividualDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerechos Implicitos
Preguntas frecuentes
¿Cuándo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es admisible ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal exigió que el requerimiento planteara un conflicto de constitucionalidad directo. Al tratarse de un asunto de legalidad, lo declaró inadmisible y alzó la suspensión del procedimiento.
¿Quién debe resolver si una causal de despido por fuerza mayor se aplica a un caso concreto durante la pandemia de Covid-19?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que la interpretación de la causal de despido por caso fortuito o fuerza mayor corresponde al tribunal que conoce de la causa laboral pendiente, y no al Tribunal Constitucional.
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