Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de reconsideración de una entidad edilicia respecto de la orden de reintegro de sumas pagadas indebidamente a sus funcionarios por concepto del incremento previsional del artículo 2° del decreto ley N° 3.501, de 1980. El organismo sostuvo que la prohibición del artículo 6° de la ley N° 10.336, que le impide intervenir en asuntos litigiosos o conocidos por los tribunales, sólo restringe la emisión de dictámenes en esas materias, y no le impide ejercer otras facultades como auditorías, investigaciones, sumarios y órdenes de reintegro. En consecuencia, desestimó la reconsideración. Asimismo, indicó que corresponde al alcalde, como jefe de servicio, materializar los descuentos, sin perjuicio de que los afectados puedan solicitar facilidades o liberación total o parcial de las sumas adeudadas.