Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración presentada por el alcalde de la Municipalidad de San Pablo, quien pedía dejar sin efecto el dictamen que ordenó reintegrar las sumas pagadas indebidamente a funcionarios municipales por concepto del incremento previsional. El organismo sostuvo que el hecho de que existan acciones judiciales o litigios no le impide ejercer sus demás atribuciones, como efectuar auditorías, instruir sumarios y ordenar el reintegro de beneficios percibidos indebidamente para resarcir el perjuicio patrimonial al municipio. Además, indicó que los dictámenes anteriores invocados por la autoridad comunal no eran aplicables, porque en esos casos hubo juicios contra los municipios que terminaron por sentencia, avenimiento o transacción aprobada por el tribunal, circunstancias que no concurrían aquí. Corresponde al alcalde, como jefe de servicio, materializar los descuentos, sin perjuicio de que los funcionarios afectados puedan pedir facilidades o liberación parcial o total de las sumas adeudadas.