Resumen
La Contraloría General de la República desestimó una solicitud de reconsideración de la resolución exenta N° 3.696, de 2010, que había ordenado el reintegro de sumas pagadas indebidamente a funcionarios municipales. El órgano sostuvo que existe jurisprudencia uniforme según la cual el incremento previsional del artículo 2° del decreto ley N° 3.501 de 1980 sólo se calcula sobre las asignaciones imponibles al 28 de febrero de 1981. Asimismo, indicó que los dictámenes N°s. 6.982 y 29.007, de 2011, invocados por la autoridad comunal, no son aplicables, porque en esos casos hubo avenimientos judiciales aprobados por tribunal competente, circunstancia que no concurría en este caso. Encargó al alcalde, como jefe de servicio, ejecutar sin más trámite el reintegro, sin perjuicio de que los funcionarios o el municipio puedan pedir facilidades o liberación parcial o total de las sumas adeudadas.