Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud referida al cumplimiento de una resolución de ese mismo organismo que ordenó el reintegro de sumas pagadas indebidamente por la Municipalidad de Llanquihue a sus funcionarios por concepto de incremento previsional. El dictamen aclara que la circunstancia de que esos pagos se hayan otorgado en términos diversos a la normativa legal y a la jurisprudencia administrativa vigente no impide ejercer la facultad de ordenar reintegros, pues la prohibición de intervenir en asuntos litigiosos solo alcanza a la emisión de dictámenes y no a las demás atribuciones fiscalizadoras, como auditorías, investigaciones, sumarios y órdenes de reintegro. En consecuencia, corresponde al alcalde, como jefe de servicio, adoptar las medidas para materializar los descuentos, lo que no consta que haya dispuesto, sin perjuicio de que los afectados o el municipio puedan solicitar facilidades o liberación de las sumas adeudadas conforme a la normativa.