Resumen
La Contraloría General de la República reconsideró una resolución anterior suya (la N° 3.695, de 2010) y la dejó sin efecto, porque su cumplimiento podría implicar desacato de una sentencia judicial ejecutoriada. La razón es que, en una demanda de los servidores de una municipalidad de la Región de Los Lagos, las partes llegaron a un avenimiento, aprobado por el tribunal con mérito de sentencia definitiva, en virtud del cual el municipio reconoce el incremento remuneracional del decreto ley N° 3.501, de 1980, calculado sobre todas las asignaciones imponibles y mantenido hasta el término de la vinculación de cada servidor. Además, el dictamen advierte que, aunque la Ley Orgánica de Municipalidades permite al alcalde transigir con acuerdo del concejo, la transacción debe cumplir los requisitos del Código Civil, esto es, mutuas concesiones y sacrificios recíprocos. Por ello ordena a la Contraloría Regional de Los Lagos fiscalizar en una futura oportunidad si esos requisitos concurrieron y si hubo detrimento patrimonial municipal, adoptando las medidas para determinar responsabilidades.