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El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contr…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado contra el artículo 196 ter, inciso primero, segunda parte, e inciso segundo, de la Ley N° 18.290, que exige el cumplimiento efectivo de un año de pena privativa de libertad antes de acceder a penas sustitutivas y excluye la eliminación de antecedentes penales para condenados por conducción bajo los efectos del alcohol con resultado de muerte o lesiones graves. La mayoría sostuvo que la norma no vulnera la Constitución, pues el legislador tiene libertad para fijar penas y sus modalidades de cumplimiento, y la exigencia no es desproporcionada, ya que busca proteger la vida y la integridad física en el contexto de la seguridad vial. Asimismo, la diferencia de trato está justificada por la gravedad del delito y el interés público, y la exclusión de la eliminación de antecedentes es razonable para prevenir la reincidencia. Se descartó que la pena sea excesiva, inhumana o degradante, y se concluyó que no corresponde al tribunal sustituir al legislador en la política criminal.

Normas citadas

  • artículo 196 ter, inciso primero, de Ley N° 18.290
  • artículo 490, numeral 1, de Código Penal
  • artículo 195, inciso tercero, de Código Penal
  • artículo 38, de Ley N° 18.216
  • artículo 20, de Ley N° 18.216
  • artículo 33, de Ley N° 18.216
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Una pena de este tipo puede considerarse excesiva, inhumana o degradante, o corresponde al tribunal revisar la política criminal del legislador?

En este caso, el Tribunal Constitucional descartó que la pena sea excesiva, inhumana o degradante. Además, concluyó que no le corresponde sustituir al legislador en la definición de la política criminal.

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