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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícul…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye ciertos delitos de las penas sustitutivas. La mayoría consideró que la norma vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y la proporcionalidad de las penas, al restringir de manera desproporcionada la reinserción social sin considerar la gravedad del delito concreto. Se concluyó que las penas sustitutivas no implican impunidad y que la privación de libertad debe ser la última ratio. Hubo votos disidentes que estimaron la disposición constitucional, por no existir un derecho subjetivo a penas sustitutivas y por ser el legislador quien fija la política criminal.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley excluya a ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas de la privación de libertad?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad contra el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216. La mayoría estimó que esa exclusión vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y la proporcionalidad, al restringir de forma desproporcionada la reinserción social sin considerar la gravedad del delito concreto.

¿Las penas sustitutivas implican impunidad para el condenado?

Según este fallo, las penas sustitutivas no implican impunidad. Además, la privación de libertad debe ser la última ratio, es decir, el recurso final del sistema penal.

¿Existe un derecho a obtener penas sustitutivas en Chile?

En este caso, algunos votos disidentes sostuvieron que no existe un derecho subjetivo a penas sustitutivas y que corresponde al legislador fijar la política criminal. Por ello estimaron que la disposición cuestionada era constitucional.

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