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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícu…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye penas sustitutivas para ciertos delitos. El requirente sostenía que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y el debido proceso, al ser desproporcionada e irracional. Sin embargo, el Tribunal consideró que la exclusión de penas sustitutivas en delitos de violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas responde a un reproche adicional del legislador, no siendo discriminatoria ni carente de razonabilidad. Se descartó la desproporción alegada, señalando que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal, no al control constitucional.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 9, letra c), de Ley N° 17.365
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos, como los de violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que esa exclusión responde a un reproche adicional del legislador, por lo que no es discriminatoria ni carente de razonabilidad.

¿Puede el Tribunal Constitucional revisar si una pena concreta es desproporcionada en un caso penal?

En este caso, el Tribunal señaló que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal y no al control constitucional, por lo que descartó la desproporción alegada.

¿Vulnera la igualdad ante la ley y el debido proceso la norma que excluye penas sustitutivas para ciertos delitos?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la norma no vulnera la igualdad ante la ley ni el debido proceso, pues la exclusión no es irracional ni discriminatoria.

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