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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad.

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Declaró inconstitucional el artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 en su aplicación al caso concreto, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas (artículo 19 N° 3, inciso sexto de la Constitución) y la igualdad ante la ley (artículo 19 N° 2), al restringir desproporcionadamente las penas sustitutivas de privación de libertad y limitar las facultades del juez para individualizar la sanción. En cambio, declaró constitucional el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por no afectar dichos principios al permitir al juez ponderar atenuantes y agravantes dentro del marco penal. El fallo rechazó el requerimiento en lo restante, sin entrar al fondo, por estimar que no se configuraba una vulneración manifiesta al principio de legalidad penal.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17, inciso B, segundo, de Ley N° 17.365
  • artículo 65, de Código Penal
  • artículo 66, de Código Penal
  • artículo 67, de Código Penal
  • artículo 68, de Código Penal
  • artículo 69, de Código Penal
  • artículo 3, de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Puede el juez ponderar atenuantes y agravantes dentro del marco penal sin vulnerar el principio de proporcionalidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró constitucional el artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por entender que no afecta esos principios, ya que permite al juez ponderar atenuantes y agravantes dentro del marco penal.

¿Procede el requerimiento de inaplicabilidad cuando no se configura una vulneración manifiesta al principio de legalidad penal?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento en lo restante, sin entrar al fondo, por estimar que no se configuraba una vulneración manifiesta al principio de legalidad penal.

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