El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad.
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que excluir de manera absoluta ciertos delitos de las penas sustitutivas vulnera la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la dignidad humana, pues la gravedad del ilícito debe evaluarse según la pena impuesta. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, al considerar que el legislador puede establecer marcos penales más severos para esos delitos sin afectar la igualdad ni la proporcionalidad, dado el mayor reproche social. En la parte resolutiva, el Tribunal desestimó el requerimiento en su totalidad, señalando que la exclusión de penas sustitutivas en delitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas es una decisión legislativa razonable y no discriminatoria, correspondiendo al juez penal determinar la pena aplicable.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 17, inciso B, inciso segundo, de Ley N° 17.365
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya de las penas sustitutivas a ciertos delitos sin importar la pena impuesta?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por estimar que esa exclusión absoluta vulnera la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la dignidad humana, pues la gravedad del ilícito debe evaluarse según la pena impuesta.
¿El legislador puede establecer penas más severas para delitos de control de armas sin vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación del artículo 17 B de la Ley N° 17.798, al considerar que el legislador puede fijar marcos penales más severos para esos delitos sin afectar la igualdad ni la proporcionalidad, dado el mayor reproche social.
¿Qué ocurre con el requerimiento de inaplicabilidad cuando se impugnan exclusiones de penas sustitutivas en delitos de violencia de género o tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal desestimó el requerimiento en su totalidad, señalando que esas exclusiones son una decisión legislativa razonable y no discriminatoria, correspondiendo al juez penal determinar la pena aplicable.
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