Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Respecto del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, lo declaró inaplicable por vulnerar los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y debido proceso, al excluir ciertos delitos de penas sustitutivas sin considerar la gravedad del ilícito ni las circunstancias personales del condenado, afectando la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, por estimar que no vulnera la proporcionalidad ni la igualdad, ya que el legislador puede fijar marcos penales y el juez conserva la facultad de individualizar la pena dentro de ellos, protegiendo el control de armas como bien jurídico constitucional. En la gestión pendiente, se consideró que la pena eventual podría exceder los cinco años, haciendo aplicable la regla general que impide penas sustitutivas, por lo que la norma cuestionada no era la causa de la imposibilidad.