El Tribunal Constitucional conoció requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucion…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en los que se impugnaba el inciso segundo del artículo 1 de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas a las privativas de libertad, en el caso de determinados delitos. Según el resumen de la sentencia, la norma fue cuestionada por vulnerar el principio de proporcionalidad de las penas, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 2, 3 inciso sexto y 26 del artículo 19 de la Constitución, al excluir totalmente ciertos delitos del acceso a estas penas sin relación adecuada con su gravedad. El texto indica que el Tribunal acogió el requerimiento, sin que el material disponible permita precisar el alcance de la declaración en cada causa. Los fundamentos destacan que el poder punitivo del Estado no es absoluto y que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino que buscan la reinserción social y la no reincidencia.
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Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable una norma que excluye totalmente ciertos delitos de las penas sustitutivas de la Ley 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió requerimientos de inaplicabilidad contra el inciso segundo del artículo 1 de la Ley N° 18.216, por considerar que excluía ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas sin relación adecuada con su gravedad. El resumen no precisa el alcance de la declaración en cada causa.
¿Las penas sustitutivas significan impunidad para el condenado según la jurisprudencia constitucional?
En este caso, el Tribunal sostuvo que el poder punitivo del Estado no es absoluto y que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino que buscan la reinserción social y la no reincidencia.
¿Qué derechos constitucionales se invocan para cuestionar la exclusión legal de penas sustitutivas?
Los requerimientos alegaron vulneración del principio de proporcionalidad de las penas, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los numerales 2, 3 inciso sexto y 26 del artículo 19 de la Constitución.
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