El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que establecía penas sustitutivas. El Tribunal consideró que dicha disposición vulnera los principios de dignidad humana, proporcionalidad de las penas y reinserción social, consagrados en los artículos 1°, 19 N° 2 y 19 N° 3 de la Constitución, así como estándares internacionales de derechos humanos. Se argumentó que la exclusión total de ciertos delitos de los beneficios de la ley restringe de manera desproporcionada el acceso a penas sustitutivas, las cuales no implican impunidad sino sanciones que buscan la reinserción social. Se enfatizó que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio y que el quantum de la pena es el criterio objetivo para determinar la gravedad del delito.
Tribunal ConstitucionalINAley de control de armasDeterminación de la penaPrincipio de proporcionalidad de la Penapenas sustitutivasIgualdad ante la LeyReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de forma absoluta ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas de la Ley N° 18.216?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por considerar que esa exclusión total restringe de manera desproporcionada el acceso a las penas sustitutivas, vulnerando la dignidad humana y la reinserción social.
¿Las penas sustitutivas equivalen a impunidad para quien cometió un delito?
No, según este fallo del Tribunal Constitucional. Las penas sustitutivas no implican impunidad sino sanciones que buscan la reinserción social, y por eso no pueden excluirse de manera absoluta sin análisis de proporcionalidad.
¿Puede privarse de libertad a una persona cuando existe otra alternativa menos gravosa?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la privación de libertad debe ser una medida de última ratio, y que el quantum de la pena es el criterio objetivo para determinar la gravedad del delito, por lo que la exclusión absoluta de beneficios resulta contraria a la Constitución.
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