El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que establecía penas sustitutivas. La sentencia declaró que dicha disposición vulnera los principios constitucionales de proporcionalidad, igualdad ante la ley y dignidad humana, al restringir de manera desproporcionada el acceso a penas sustitutivas para ciertos delitos, sin considerar el quantum de la pena como criterio objetivo. El Tribunal argumentó que el derecho a punir del Estado no es absoluto y que las penas sustitutivas no son impunidad, sino sanciones que buscan la reinserción social, reservando la privación de libertad para delitos más graves. Se concluyó que la exclusión total de beneficios resultaba irracional y afectaba la finalidad de reinserción, por lo que se acogió la inaplicabilidad.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de forma absoluta las penas sustitutivas para ciertos delitos en Chile?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró que el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y dignidad humana. Concluyó que la exclusión total de beneficios era irracional y afectaba la finalidad de reinserción social.
¿Las penas sustitutivas son una forma de impunidad según la Constitución?
El Tribunal sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y que las penas sustitutivas no equivalen a impunidad, sino a sanciones orientadas a la reinserción social. Por ello, reservó la privación de libertad para los delitos más graves.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma de la Ley N° 18.216 por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216. La decisión se fundó en la vulneración de la Constitución en los artículos 19 números 2 y 3, inciso sexto.
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