El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye la posibilidad de acceder a penas sustitutivas para ciertos delitos. La mayoría del tribunal consideró que la norma no vulnera el principio de igualdad ante la ley ni el de proporcionalidad de las penas, pues el legislador tiene un margen de decisión autónomo para establecer penas de presidio efectivo en delitos graves como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas. Se argumentó que la exclusión no es discriminatoria ni irracional, y que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
Ley N° 20.603
artículo 19, inciso primero, numeral 2, de Ley N° 20.603
artículo 19, inciso primero, numeral 3, de Ley N° 20.603
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de las penas sustitutivas a ciertos delitos graves, como los de violencia de género o tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la exclusión no vulnera la igualdad ante la ley ni la proporcionalidad de las penas, porque el legislador tiene un margen autónomo para fijar presidio efectivo en delitos graves.
¿El legislador puede impedir el acceso a penas sustitutivas sin infringir el principio de igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que la norma que excluye estas penas no es discriminatoria ni irracional, por lo que no infringe el principio de igualdad ante la ley.
¿Quién decide la pena concreta cuando una ley excluye las penas sustitutivas para un delito?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal competente, dentro del marco que fija la ley.
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