El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, que impide acceder a penas sustitutivas en ciertos delitos. El requirente argumentaba que la norma vulneraba los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y debido proceso, al exigir una pena privativa de libertad efectiva como requisito previo. Sin embargo, la mayoría del Tribunal consideró que la disposición es constitucional, pues el legislador tiene facultades para establecer políticas criminales que excluyan penas alternativas en delitos graves, como violencia de género o tráfico de drogas, sin que ello sea discriminatorio o desproporcionado. Se destacó que el control de constitucionalidad debe ser deferente con el legislador y que las características del caso concreto no permiten concluir que la norma sea inconstitucional.
Normas citadas
artículo 196 ter, inciso primero, de Ley N° 18.290
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley impida acceder a penas sustitutivas en ciertos delitos, como el de violencia de género?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290 es constitucional, pues el legislador puede excluir penas alternativas en delitos graves sin que ello sea discriminatorio ni desproporcionado.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma penal por vulnerar la proporcionalidad o la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal rechazó el requerimiento que alegaba vulneración de la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y el debido proceso, porque consideró que el control debe ser deferente con el legislador y que las circunstancias del caso concreto no demostraban inconstitucionalidad.
¿El legislador tiene facultades para establecer políticas criminales que excluyan penas sustitutivas?
En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional afirmó que el legislador tiene esa facultad, de modo que la exigencia de una pena privativa de libertad efectiva como requisito previo para ciertos delitos no vulnera la Constitución.
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