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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícul…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley de Tránsito, que establecía la suspensión obligatoria de la pena sustitutiva por un año para condenados por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte o lesiones. El tribunal consideró que la norma vulnera el principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley, al sustituir la ponderación judicial individualizada por una denegación genérica de penas sustitutivas, sin considerar las circunstancias particulares de cada condenado. Se argumentó que la medida es desproporcionada al no guardar relación entre la gravedad del delito y la restricción impuesta, afectando además los fines de resocialización y humanización de las penas. Como obiter dictum, se señaló que la norma colisiona con la garantía de un procedimiento racional y justo, al restar independencia al juez al obligarlo a ordenar privación de libertad efectiva sin alternativas.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la ley obligue al juez a suspender por un año una pena sustitutiva en casos de conducción en estado de ebriedad con muerte o lesiones?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad y concluyó que esa suspensión obligatoria vulnera el principio de proporcionalidad y la igualdad ante la ley, porque reemplaza la ponderación judicial individualizada por una denegación genérica sin considerar las circunstancias de cada condenado.

¿Puede una norma legal impedir que el juez evalúe las circunstancias particulares de cada condenado al decidir una pena sustitutiva?

Según este fallo, no: el tribunal sostuvo que la norma restringía la facultad del juez de considerar la situación concreta de cada condenado, lo que resultaba desproporcionado y afectaba los fines de resocialización y humanización de las penas.

¿Afecta a la independencia del juez una ley que lo obliga a imponer privación de libertad efectiva sin alternativas?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló, como argumento adicional no decisivo, que una norma así colisiona con la garantía de un procedimiento racional y justo, pues resta independencia al juez al obligarlo a ordenar privación de libertad efectiva sin alternativas.

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