El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 196 ter, inciso primero, parte final, de la Ley de Tránsito, que exige el cumplimiento efectivo de un año de prisión antes de acceder a una pena sustitutiva. El requirente sostenía que la norma vulneraba los principios de proporcionalidad e igualdad, al restringir la facultad judicial de aplicar penas sustitutivas y favorecer la reinserción social. Sin embargo, el Tribunal consideró que la disposición no es desproporcionada ni discriminatoria, pues el legislador tiene atribuciones para establecer penas efectivas en delitos graves, como violencia de género o tráfico de drogas, dentro de su política criminal. Se concluyó que el control de constitucionalidad debe ser deferente con el legislador y que la norma no cercena derechos constitucionales, por lo que se desestimó el requerimiento.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional exigir el cumplimiento efectivo de un año de prisión antes de conceder una pena sustitutiva en delitos de tránsito?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y concluyó que la exigencia no es desproporcionada ni discriminatoria. Estimó que el legislador tiene atribuciones para fijar penas efectivas dentro de su política criminal, por lo que el control debe ser deferente.
¿El legislador puede restringir las penas sustitutivas en ciertos delitos sin vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la norma no es discriminatoria, pues el legislador puede establecer penas efectivas en delitos graves dentro de su política criminal. Por ello, la restricción no fue considerada una vulneración del principio de igualdad.
¿Puede el juez de la causa no aplicar una norma de tránsito por considerarla contraria a la reinserción social?
En este caso, el Tribunal Constitucional desestimó el requerimiento de inaplicabilidad, al considerar que la norma no cercena derechos constitucionales ni afecta la reinserción social de manera inconstitucional. Así, la disposición que exige el cumplimiento efectivo de un año de prisión se mantuvo vigente.
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