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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que limita las penas sustitutivas para ciertos delitos. La mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar principios constitucionales como la proporcionalidad y la reinserción social, pero en el caso concreto, los delitos imputados al requirente (vinculados a violencia de género y uso de armas) justificaban la exclusión de beneficios, por el mayor reproche que contienen. El Tribunal concluyó que la disposición no es desproporcionada ni discriminatoria, pues el legislador tiene potestad para establecer penas efectivas en delitos graves, sin que ello afecte la igualdad ante la ley. La decisión se basó en la deferencia razonada al legislador en materia de política criminal y en que el control de inaplicabilidad debe considerar las particularidades del caso.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma de penas sustitutivas por las particularidades de un caso concreto?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el control de inaplicabilidad debe considerar las particularidades del caso, pero igualmente rechazó el requerimiento. Lo hizo por la deferencia razonada al legislador en política criminal y porque los hechos imputados justificaban la exclusión de beneficios.

¿El derecho a punir del Estado está limitado por la reinserción social y la proporcionalidad en materia de penas sustitutivas?

En este caso, la mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado debe respetar principios constitucionales como la proporcionalidad y la reinserción social. Sin embargo, estimó que en el caso concreto esos principios no se vulneraban por la exclusión de penas sustitutivas aplicada.

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