Resumen
La Contraloría General de la República determinó que el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) no se ajustó a derecho al modificar los requisitos normativos para el Registro Sanitario de Productos Farmacéuticos. En específico, el ISP prescindió de los estudios de seguridad y eficacia exigidos por el artículo 36 del decreto N° 3, de 2010, basándose en un certificado de la E.M.A. (EMA), sin contar con facultad legal para ello. El dictamen concluye que las resoluciones exentas N° 27.297, de 2013, y N° 2.894, de 2014, vulneran los principios de juridicidad consagrados en la Constitución y la ley N° 18.575, ordenando al ISP adoptar las medidas necesarias para regularizar sus actuaciones e informar a la Contraloría en un plazo de 30 días hábiles.