Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del cobro, por parte de una municipalidad, de la diferencia de cotizaciones de salud que no fue descontada oportunamente de las remuneraciones de un funcionario municipal, debido al aumento en el costo de su plan de salud. El Organismo concluyó que es obligación del empleador descontar, declarar y enterar las imposiciones de sus trabajadores, por lo que el funcionario no es responsable de las deudas generadas. Sin embargo, al haber percibido más estipendios de los que correspondían, procede que la municipalidad solicite el reintegro de esa suma como pago de remuneraciones en exceso, sin perjuicio de que el interesado pueda pedir la condonación ante la Contraloría conforme al artículo 67 de la ley N° 10.336. Por ello, se declaró ajustado a derecho el cobro. Además, se resolvió que la compensación efectuada por el municipio con una ISAPRE no se ajusta a derecho, pues esa figura no procede entre entidades de salud previsional y servicios públicos, al requerir una autorización legal expresa que no existe para los municipios.