El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Ministerio de Ha…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra el Ministerio de Hacienda por la negativa a entregar información sobre el trabajo presencial y remoto de sus funcionarios. Se solicitaban los documentos que dispusieron la continuidad del servicio y el desempeño remoto o presencial, la individualización de los funcionarios que trabajan de forma presencial y remota, y el contenido de eventuales instrucciones verbales. El Consejo desestimó la reserva por privilegio deliberativo, pues el órgano no acreditó la certidumbre de una futura decisión ni el daño que causaría la entrega. Ordenó entregar la información, omitiendo o tarjando datos personales y sensibles, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, y acreditar la entrega ante el Consejo. Respecto de las instrucciones verbales, el órgano deberá explicar y acreditar en sede de cumplimiento que no obran en soportes registrados. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Puede un ministerio negarse a entregar información sobre el trabajo presencial o remoto de sus funcionarios invocando el privilegio deliberativo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la reserva por privilegio deliberativo, porque el órgano no acreditó la certidumbre de una futura decisión ni el daño que causaría la entrega. Ordenó entregar la información.
¿Qué datos se deben omitir al entregar documentos sobre el teletrabajo de los funcionarios públicos?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información omitiendo o tarjando los datos personales y sensibles de los funcionarios. Además, el organismo debe acreditar la entrega ante el Consejo.
¿Qué ocurre si un órgano público afirma que sus instrucciones fueron verbales y no existen registros escritos?
En este caso, el Consejo dispuso que el órgano deberá explicar y acreditar, en la etapa de cumplimiento, que las instrucciones verbales no obran en soportes registrados. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.
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