El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad pres…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad presentado contra disposiciones de la Ley N° 18.216 y de la Ley N° 17.798. Respecto del artículo 1, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, declaró su inaplicabilidad en el caso concreto, por estimar que la exclusión de ciertos delitos del acceso a penas sustitutivas vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo, al no considerar el quantum de la pena ni la gravedad del delito, afectando la reinserción social. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, al considerar que el legislador puede establecer un marco penal más severo para delitos relacionados con el control de armas, sin vulnerar la proporcionalidad ni la igualdad, pues el juez conserva la facultad de individualizar la pena. El fallo destacó que la exclusión de penas sustitutivas en delitos graves responde a una política criminal legítima y no constituye discriminación arbitraria.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 17, inciso B, de Ley N° 17.365
artículo 65, de Código Penal
artículo 66
artículo 67
artículo 68
artículo 69
artículo 51
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿El legislador puede establecer penas más severas para delitos de control de armas sin vulnerar la igualdad ni la proporcionalidad?
En este caso, el Tribunal rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley 17.798, al considerar que el legislador puede fijar un marco penal más severo para estos delitos sin infringir la proporcionalidad ni la igualdad, pues el juez conserva la facultad de individualizar la pena.
¿La exclusión de penas sustitutivas en delitos graves constituye discriminación arbitraria?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la exclusión de penas sustitutivas en delitos graves responde a una política criminal legítima y no constituye discriminación arbitraria.
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