Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia del término de la relación laboral de una funcionaria municipal regida por la ley N° 19.378, decretado por la Municipalidad de La Granja por salud incompatible con el cargo, mientras tenía en trámite una solicitud de pensión por invalidez. El órgano concluyó que, a la fecha en que se dispuso el cese, la funcionaria se encontraba en uno de los supuestos que impedían a la autoridad edilicia poner término al vínculo por esa causal, pues ya había presentado la solicitud de pensión por incapacidad física ante una administradora de fondos de pensiones. Por ello, ordenó dejar sin efecto el decreto que declaró vacante el cargo, reincorporar a la funcionaria y pagar las remuneraciones no percibidas, quedando a lo que resuelva el organismo previsional. Asimismo, indicó que la municipalidad debe admitir a tramitación las licencias médicas mientras el vínculo laboral esté vigente.