El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que excluye de las penas sustitutivas a quienes sean condenados a más de cinco años de privación de libertad. La mayoría estimó que la disposición, aplicada al caso concreto, vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y finalidad de reinserción social del ius puniendi, pues la privación de libertad debe ser excepcional y las penas sustitutivas no implican impunidad. No obstante, un voto de rechazo sostuvo que no se acreditó que la pena sería desproporcionada, ya que la condena aún no estaba firme. En definitiva, se acogió el requerimiento solo para el evento de que el requirente sea condenado a una pena inferior a cinco años.
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Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional excluir de las penas sustitutivas a quienes sean condenados a más de cinco años de privación de libertad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216. Estimó que su aplicación al caso concreto vulnera la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la finalidad de reinserción social. Lo acogió solo para el evento de una condena inferior a cinco años.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma de la Ley N° 18.216 que excluye las penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad sobre esa exclusión, por considerar que su aplicación concreta vulneraba principios constitucionales. Un voto de rechazo sostuvo, en cambio, que no se había acreditado la desproporción porque la condena aún no estaba firme.
¿Las penas sustitutivas implican impunidad para el condenado según el Tribunal Constitucional?
En este caso, el Tribunal sostuvo que la privación de libertad debe ser excepcional y que las penas sustitutivas no implican impunidad. Desde esa premisa, concluyó que excluirlas de forma automática, aplicada al caso concreto, resulta desproporcionado.
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