El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícu…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe la aplicación de penas sustitutivas en ciertos delitos. La mayoría sostuvo que la disposición no vulnera la Constitución, pues el legislador tiene un margen de decisión autónoma para excluir delitos graves —como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas— del acceso a penas sustitutivas, sin que ello sea desproporcionado ni discriminatorio. Se destacó que la inaplicabilidad es un control concreto, y que en el caso específico la exclusión resulta razonable dado el reproche adicional del ilícito imputado. La sentencia enfatizó que la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal, no al Tribunal Constitucional.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Integridad Fisica Y PsiquicaDerechos ImplicitosIgualdad Ante La LeyPrincipio De Tipicidad
Preguntas frecuentes
¿El legislador puede excluir ciertos delitos graves del acceso a penas sustitutivas sin vulnerar la Constitución?
Según este fallo, sí: el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento porque el legislador tiene margen para excluir delitos graves, como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas, del acceso a penas sustitutivas, sin que ello sea desproporcionado ni discriminatorio.
¿Qué es un requerimiento de inaplicabilidad y cuál es su alcance frente a una norma sobre penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional explicó que la inaplicabilidad es un control concreto, que se aplica a la situación específica sometida a juicio. Al examinarla, concluyó que la exclusión legal resultaba razonable dado el mayor reproche del ilícito imputado.
¿Quién determina la pena concreta cuando se discute el acceso a una pena sustitutiva?
Según este fallo, la determinación de la pena concreta corresponde al tribunal penal y no al Tribunal Constitucional, que se limitó a revisar la constitucionalidad de la norma aplicable.
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