Constitucional AIIniciar sesión
Inicio›Jurisprudencia›Derecho administrativo
Administrativo

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una extrabaja…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una extrabajadora del Comando de Bienestar del Ejército, quien reclamaba el pago de dos bonos: el bono de término de conflicto del año 2013 y una bonificación prevista en el artículo 25 de la ley N° 20.799. Respecto al primer bono, la Contraloría determinó que el finiquito suscrito por la trabajadora no le impedía recibirlo, ya que la Administración no puede aprovecharse de sus propios errores y debe pagar las prestaciones adeudadas, aun sin reserva, para evitar un enriquecimiento sin causa. Además, se verificó que la trabajadora solicitó el pago dentro del plazo de prescripción de dos años, por lo que ordenó al Comando de Bienestar del Ejército pagar dicho bono, si no lo hubiera hecho. En cuanto al bono de la ley N° 20.799, la Contraloría señaló que los requisitos deben evaluarse a la fecha de publicación de la ley (1 de diciembre de 2014), y como la trabajadora cesó sus funciones el 7 de noviembre de 2014, no cumplía con la vigencia de la relación laboral exigida, por lo que no procedía su pago.

Normas citadas

  • ley 20717 art/25
  • Ctr art/510 inc/1
  • ley 20799 art/25
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un trabajador reclamar un bono de término de conflicto si firmó un finiquito sin reserva de derechos?

En este caso, la Contraloría determinó que el finiquito firmado no impedía recibir el bono, porque la Administración no puede aprovecharse de sus propios errores y debe pagar las prestaciones adeudadas, aun sin reserva, para evitar un enriquecimiento sin causa. Ordenó pagarlo si aún no se hubiera hecho.

¿Cuándo debe evaluarse si un trabajador cumple los requisitos para recibir la bonificación del artículo 25 de la ley N° 20.799?

En este caso, la Contraloría sostuvo que los requisitos deben evaluarse a la fecha de publicación de la ley, por lo que una trabajadora que dejó sus funciones antes de esa fecha no cumplía la vigencia de la relación laboral exigida y no procedía su pago.

¿Se puede cobrar un bono laboral que se pidió dentro del plazo de prescripción de dos años?

En este caso, la Contraloría verificó que la trabajadora solicitó el pago dentro del plazo de prescripción de dos años, por lo que la acción no estaba prescrita y ordenó el pago del bono de término de conflicto del año 2013, si no se hubiera efectuado.

Más jurisprudencia de derecho administrativo de 2015 →

Lee el documento completo

Con tu cuenta ves el rol de la causa, la fecha, las partes y el texto íntegro, y puedes analizarlo con inteligencia artificial. Crear la cuenta es gratis y trae 3 créditos de regalo, unas 10 consultas, sin tarjeta de crédito.

Ver el documento completoYa tengo cuenta

La IA lo lee completo y te responde citando el fallo y la jurisprudencia relacionada.

Te pedimos crear una cuenta gratis para responderte.

Jurisprudencia relacionada

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una exfuncionar…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la reclamación de una exfunci…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República se pronuncia sobre la procedencia de la causal d…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2017

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre un reclamo de trabajadores de…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

  • La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de un exfunciona…

    Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Constitucional AI es inteligencia artificial legal para abogados en Chile: busca en sentencias, dictámenes y oficios y responde citando sus fuentes. Conoce cómo funciona

Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.