Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el reclamo de una servidora municipal que impugnó su destinación y cambio de funciones, además de alegar acoso laboral. El organismo determinó que la destinación debió disponerse mediante un acto formal, pero que la orden de servicio que la materializó fue emitida por un funcionario a contrata, a quien no correspondía delegar esa facultad, pues solo puede ejercerla quien sirva un empleo de planta en estamentos directivos o de jefatura. En consecuencia, ordenó al municipio invalidar el decreto de delegación y la orden de servicio respectiva, conforme a la ley N° 19.880, debiendo informar en un plazo de 15 días hábiles. Respecto del acoso laboral, se desestimó el reclamo por falta de antecedentes que acreditaran los hechos, señalando que la sola destinación no constituye hostigamiento y que dicha materia debe analizarse en sede judicial o en un proceso sumarial.