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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de María Pinto, ordenando la entrega de información relacionada con el A.T.G. del período municipal 2024-2028. La solicitud incluía copia del acta, registro de recepción por los concejales, información sobre su suscripción por el jefe de control y secretario municipal, y eventuales entregas complementarias. El Consejo resolvió que, si parte de la información no se hubiera generado, se debía comunicar detalladamente. Además, ordenó tarjar datos personales de contexto antes de la entrega. La resolución advierte que, en caso de incumplimiento, se aplicarán multas del 20% al 50% de la remuneración del funcionario responsable, y eventualmente duplicación de la sanción y suspensión del cargo por cinco días. La decisión es reclamable ante la Corte de Apelaciones en 15 días corridos.

Normas citadas

  • Ley N° 18.695
  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.628
  • Artículo 67° de la Ley 18.695
  • Ley N° 19.880
  • DFL 1
  • Oficio N° 39
  • Ley N° 18.575
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Debe una municipalidad entregar la información sobre el A.T.G. del período municipal y su registro de recepción por los concejales?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó a la Municipalidad de María Pinto entregar la información solicitada sobre el A.T.G. del período 2024-2028, incluyendo copia del acta y el registro de recepción por los concejales.

¿Qué ocurre si la municipalidad no cuenta con parte de la información solicitada por transparencia?

El Consejo resolvió que, si parte de la información no se hubiera generado, la municipalidad debe comunicarlo de forma detallada al solicitante, en lugar de limitarse a no responder.

¿Qué sanciones se pueden aplicar a un funcionario municipal que incumple una resolución de transparencia?

La resolución advierte que, en caso de incumplimiento, se aplicarán multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración del funcionario responsable, pudiendo duplicarse la sanción y aplicarse suspensión del cargo por cinco días. La decisión es reclamable ante la Corte de Apelaciones en 15 días corridos.

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