El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artícul…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringía la aplicación de penas sustitutivas. La mayoría sostuvo que el derecho a punir del Estado no es absoluto y debe limitarse por principios constitucionales como la dignidad humana, la proporcionalidad de las penas y la reinserción social. Estimó que la disposición impugnada era desproporcionada e inequitativa al excluir ciertos delitos de beneficios sin considerar la gravedad del ilícito ni el quantum de la pena, vulnerando los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución. Se argumentó que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones con restricciones significativas a la libertad, y que el legislador debe respetar la proporcionalidad al establecer excepciones. La sentencia fue comunicada a las autoridades correspondientes.
Tribunal ConstitucionalINAPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la Leyley de control de armaspenas sustitutivasReinserción socialDeterminación de la pena
Preguntas frecuentes
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inaplicable una norma que excluye ciertos delitos de las penas sustitutivas en Chile?
Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por considerar que excluía ciertos delitos de los beneficios sin atender a la gravedad del ilícito ni al quantum de la pena.
¿Es constitucional que la ley excluya de las penas sustitutivas a delitos sin considerar la gravedad del hecho?
Según este fallo, no. El Tribunal sostuvo que esa exclusión era desproporcionada e inequitativa y vulneraba los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución, porque el legislador debe respetar la proporcionalidad al establecer excepciones.
¿Significan las penas sustitutivas que el condenado queda impune?
No, según la sentencia. El Tribunal indicó que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones que imponen restricciones significativas a la libertad, y que el derecho a punir del Estado debe limitarse por principios como la dignidad humana y la reinserción social.
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