La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de apelación interpuesto por la…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó el recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado y confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de San Fernando que no dio lugar al sobreseimiento definitivo de la causa, seguida por delitos tributarios consistentes en aumento indebido del crédito fiscal respaldado en facturas falsas y declaración maliciosamente falsa del Formulario N°22. La defensa argumentó que el Ministerio Público, sin apercibimiento, comunicó el cierre de la investigación penal, y que al solicitar dejarlo sin efecto tres semanas después, vulneró los principios de buena fe y seguridad jurídica, por lo que debía acogerse el sobreseimiento. Sin embargo, la Corte estimó acreditado que la Fiscalía incurrió en un error procesal al solicitar tener presente el cierre en lugar de pedir una audiencia para debatirlo, lo que justificó declarar la nulidad de la resolución que decretó el cierre. Dicho error causó un perjuicio irreparable a la parte querellante, impidiendo que se configurara el plazo de 10 días necesario para el sobreseimiento definitivo.
Normas citadas
Art. 250 Letra e) Código Procesal Penal
SIIjurisprudencia judicial tributariaFavorable al SII
Preguntas frecuentes
¿Qué efecto tiene que la Fiscalía solicite tener presente el cierre de la investigación en lugar de pedir una audiencia?
En este caso, la Corte concluyó que esa actuación constituyó un error procesal que causó perjuicio irreparable a la parte querellante. Por ello, declaró la nulidad de la resolución que decretó el cierre, y el plazo necesario para el sobreseimiento definitivo no llegó a configurarse.
¿Se vulneran la buena fe y la seguridad jurídica cuando el Ministerio Público deja sin efecto un cierre de investigación ya comunicado?
En este caso, la defensa sostuvo que sí había una vulneración de la buena fe y la seguridad jurídica, pero la Corte no acogió ese argumento. Resolvió sobre la base del error procesal cometido por la Fiscalía al no pedir audiencia para debatir el cierre.
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