Resumen del criterio jurisprudencial
El recurrente Abreu dedujo un recurso de protección contra el Servicio Nacional de Migraciones por la resolución que rechazó su solicitud de residencia definitiva. La recurrida informó que la solicitud no avanzó por falta del comprobante de pago de la sanción por residencia irregular, otorgando plazos para subsanar. Ante el incumplimiento, se notificó una causal de rechazo y se otorgó un nuevo plazo para descargos y documentos, sin que se subsanara. La Corte Suprema revocó la sentencia apelada y rechazó la acción, concluyendo que la recurrida no incurrió en acto ilegal o arbitrario. El pago requerido es un requisito normativo para la residencia definitiva, y el procedimiento administrativo contempla etapas para corregir defectos. El recurrente no cumplió con los plazos ni se encontró en la excepción legal. Por tanto, la acción constitucional no puede usarse para subsanar una solicitud incompleta.