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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 318 del Código Penal, declarando que dicha norma vulnera el principio de legalidad al constituir una ley penal en blanco que delega en la autoridad administrativa la definición de las conductas sancionadas, sin describir expresamente un tipo penal. La mayoría sostuvo que esta indeterminación genera arbitrariedad e inseguridad jurídica, afectando el debido proceso y la proporcionalidad. No obstante, rechazó el requerimiento en lo relativo a la exclusión de penas sustitutivas para ciertos delitos, por considerar que dicha regulación responde a una política criminal razonable y no es discriminatoria.

Normas citadas

  • artículo 318, de Código Penal
  • artículo 398, de Código Procesal Penal
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿El artículo 318 del Código Penal chileno es constitucional frente al principio de legalidad penal?

En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 318 vulnera el principio de legalidad, porque es una ley penal en blanco que delega en la autoridad administrativa la definición de las conductas sancionadas, sin describir expresamente el tipo penal.

¿Una ley penal en blanco que remite a la autoridad administrativa la definición de la conducta punible es compatible con el debido proceso?

En este caso, la mayoría sostuvo que esa indeterminación genera arbitrariedad e inseguridad jurídica, afectando el debido proceso y el principio de proporcionalidad.

¿Es constitucional excluir las penas sustitutivas para ciertos delitos en el proceso penal chileno?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento en este punto, por considerar que la exclusión responde a una política criminal razonable y no es discriminatoria.

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