Resumen
La Contraloría General de la República conoció la solicitud de revisión de una ex funcionaria pública que cuestionaba el monto de su desahucio, pues sostenía que debía calcularse considerando todo su período de servicios y no sólo 24 años. El órgano recordó que, conforme al artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, el desahucio equivale a un mes de la última remuneración imponible y computable por cada año o fracción superior a seis meses, sin que pueda exceder de veinticuatro veces dicho valor, aunque el tiempo servido sea mayor. Además, precisó que para el personal afecto a la escala única de sueldos sólo son computables el sueldo base del grado al momento del cese y la asignación de antigüedad que se percibiera en ese instante. Como en el caso la asignación de antigüedad ya no se percibía, el monto se fijó sobre el sueldo base, y la Contraloría resolvió ratificar la liquidación cuestionada.