Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de un exfuncionario del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, quien requería el pago de desahucio por más de 24 años de servicio, la devolución de imposiciones excedentes y los beneficios de la ley N° 20.734. El dictamen señaló que el desahucio ya fue otorgado por el máximo legal de 24 mensualidades, conforme al artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. Respecto a la devolución de cotizaciones, indicó que estas se incorporan a un fondo común y no pueden retirarse, y que el decreto ley N° 1.695, de 1977, derogó las normas que permitían la restitución de erogaciones para pensiones. En cuanto a los bonos de la ley N° 20.734, se determinó que el recurrente no cumplía con el requisito de estar afiliado al sistema de pensiones del decreto ley N° 3.500, de 1980, por pertenecer al antiguo régimen previsional.