Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de una funcionaria pública que pedía reconsiderar el cálculo de su desahucio, pues pretendía que se consideraran 39 años de servicio en lugar de 24. El organismo señaló que, conforme al artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, el beneficio indemnizatorio tiene un tope máximo de 24 mensualidades, independientemente de los años efectivamente trabajados. Además, rechazó la devolución de las imposiciones realizadas por el período que excede dicho límite, ya que esas cotizaciones se integran a un fondo común y no son retirables, según lo establecido en el dictamen N° 36.144, de 2009. En consecuencia, se confirmó la liquidación giro N° 609, de 2013, que aplicó el tope de 24 años.