Resumen
La Contraloría General de la República ratificó el cálculo del desahucio otorgado a una funcionaria pública, conforme al decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960. La recurrente solicitó la revisión de la liquidación giro N° 1.688, de 2011, que determinó el beneficio. El órgano contralor explicó que el desahucio se calcula sobre el sueldo base y la asignación de antigüedad, con un máximo de 24 veces el valor mensual, independientemente de los años efectivamente trabajados. En el caso, los estipendios considerados fueron $137.825 y $41.347, sumando $179.172, lo que arrojó un monto total de $4.300.140, equivalente a 24 veces ese valor. Por lo tanto, se confirmó la liquidación impugnada.