Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cálculo del desahucio concedido a una funcionaria pública, a solicitud de la Tesorería Regional de Atacama-Copiapó. El beneficio, regulado en el artículo 103 del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, equivale a un mes de remuneración imponible por cada año o fracción superior a seis meses de servicios, con un tope de veinticuatro veces dicho valor. El organismo reiteró su jurisprudencia según la cual, para el personal afecto a la escala única de sueldos, las remuneraciones computables son únicamente el sueldo base del grado vigente al cese de funciones y la asignación de antigüedad que se perciba en ese momento. Aplicando esos criterios, el desahucio se calculó sobre la suma de ambos estipendios multiplicada por veinticuatro mensualidades, al ser ese el máximo computable en el caso.