La Contraloría General de la República se pronunció sobre los mecanismos de ingreso a l…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2016
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre los mecanismos de ingreso a la Administración Pública. Dictaminó que el ingreso como funcionario de planta debe efectuarse mediante concurso público. En cambio, para cargos a contrata o a honorarios, la autoridad no está obligada a realizar concurso, pero si opta por hacerlo, debe respetar las directrices que establezca y los principios generales de los concursos, como la igualdad de los participantes. Asimismo, debe emplear un medio idóneo para dar publicidad al proceso. El control de estos procesos se realiza mediante la toma de razón de los actos administrativos de nombramiento o contratación, sin perjuicio de fiscalizaciones posteriores.
Normas citadas
Ley 18575 art/44
Ley 18834 art/17
Ley 18834 art/20
Ley 18575 art/16
Pol art/98
Ley 10336 art/1
ley 10336 art/10
Res 1600/2008 CONTR art/7 num/7/1/1
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿El ingreso a la planta de la Administración Pública requiere concurso público?
En este dictamen, la Contraloría sostuvo que el ingreso como funcionario de planta debe efectuarse mediante concurso público. Para cargos a contrata o a honorarios, en cambio, la autoridad no está obligada a realizar concurso.
Si la Administración decide hacer un concurso para contratar a honorarios o a contrata, ¿qué debe respetar?
La Contraloría indicó que, si la autoridad opta por concursar, debe respetar las directrices que establezca y los principios generales de los concursos, como la igualdad de los participantes. También debe usar un medio idóneo para dar publicidad al proceso.
¿Cómo se controla la legalidad de los procesos de ingreso a la Administración Pública?
Según este dictamen, el control se realiza mediante la toma de razón de los actos administrativos de nombramiento o contratación. Ello es sin perjuicio de fiscalizaciones posteriores.
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Resumen referencial elaborado a partir de documentos públicos chilenos. Los nombres de las personas se reducen a iniciales. Tiene carácter informativo, puede contener imprecisiones y no constituye asesoría legal.