Resumen
La Contraloría General de la República volvió a negarse a tomar razón del decreto N° 143, de 2010, del ex Ministerio de Planificación, que regulaba la selección preferente de personas con discapacidad en los procesos de ingreso a la Administración del Estado. El órgano concluyó que el decreto no se ajusta a derecho porque los procesos de ingreso deben regirse por la ley N° 18.575, la ley N° 18.834 y la ley N° 18.883, en cuanto establecen que la selección se realiza mediante concurso público y que corresponde a la autoridad competente efectuar el nombramiento. Además, señaló que no procede modificar por vía reglamentaria lo que dispone la ley, por lo que se confirmó el oficio N° 1.076, de 2012, que contenía igual criterio.