Resumen
La Contraloría General de la República examinó tres resoluciones de 2014 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que aprobaron las bases de certámenes para proveer empleos públicos, cuestionadas porque exigían requisitos adicionales a los que establece la ley. En una de las fases, las pautas exigían acreditar experiencia en jefatura, dirección de equipos o en el área del cargo para obtener el puntaje mínimo, lo que excedía lo dispuesto por el legislador. El organismo recordó su jurisprudencia: la autoridad puede valorar ciertas aptitudes, pero no imponer exigencias adicionales que excluyan a postulantes idóneos, pues ello vulnera los artículos 19 Nos 2 y 17 de la Constitución y el principio de juridicidad. Además, no se acreditó que dos postulantes cumplieran el requisito de estar calificados en Lista N° 1 de distinción del artículo 8° letra a) de la Ley N° 18.834. Por ello, concluyó que los certámenes no se ajustaron a derecho, negó la toma de razón de los instrumentos y ordenó una nueva convocatoria con pautas elaboradas conforme a la normativa.