Resumen
La Contraloría General de la República examinó las resoluciones N°s. 26, 27, 28, 29, 36, 37, 42 y 44, todas de 2014, de la Superintendencia del Medio Ambiente, que establecían certámenes para proveer cargos de las plantas de profesionales, fiscalizadores y administrativos. Se cuestionó que las bases exigieran estudios o capacitaciones adicionales a los requisitos legales, excluyendo a postulantes que sí los cumplían, y que la experiencia requerida para superar la segunda etapa excediera los plazos del decreto con fuerza de ley N° 3, de 2010, y se restringiera a áreas no previstas en él. El organismo concluyó que los certámenes no se ajustaron a derecho, vulnerando el artículo 19, N°s. 2° y 17°, de la Constitución y el principio de juridicidad, por lo que no procede la toma de razón y se ordena una nueva convocatoria y la elaboración de nuevas pautas.