Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre un certamen público convocado por la Dirección de Obras Portuarias, a raíz de la impugnación de un postulante. Se cuestionó la legalidad de las bases del concurso, específicamente la exigencia de experiencia laboral calificada como requisito para avanzar en el proceso, por considerarla una condición adicional no contemplada en la ley para acceder al empleo público. El organismo concluyó que, si bien la autoridad puede valorar méritos para elegir al candidato más idóneo, no puede establecer requisitos que excluyan a quienes cumplen con las exigencias legales, pues ello vulnera el principio de juridicidad y las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y de admisión a los empleos públicos. En consecuencia, se determinó que el concurso no se ajustó a derecho, impidiendo la toma de razón del instrumento, y se ordenó realizar una nueva convocatoria y elaborar nuevas pautas. Respecto a la reclamación particular del postulante sobre sus resultados en la tercera etapa, se verificó que su puntaje en la entrevista fue insuficiente para superar la fase, no advirtiéndose irregularidades en ese aspecto.