El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstit…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció de un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el imputado respecto de una norma que excluye el acceso a penas sustitutivas en ciertos delitos. Se discutía si la disposición vulneraba la igualdad ante la ley y resultaba arbitraria. El Tribunal rechazó el requerimiento, al estimar que el legislador cuenta con competencia para establecer presidio efectivo en ilícitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas, sin que ello sea discriminatorio ni irrazonable, pues responde al mayor reproche de tales conductas. La decisión no prejuzga la pena, materia del tribunal penal.
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya las penas sustitutivas para ciertos delitos como violencia de género, uso de armas prohibidas o tráfico de drogas?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que el legislador puede establecer presidio efectivo para esos ilícitos. Estimó que la exclusión no es discriminatoria ni irrazonable, porque responde al mayor reproche de tales conductas.
¿Puede un imputado pedir la inaplicabilidad de una norma que excluye penas sustitutivas por vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el imputado dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad fundado en la igualdad ante la ley y en la arbitrariedad de la disposición. El Tribunal lo rechazó, al considerar que la norma no vulneraba esos principios.
¿El Tribunal Constitucional puede decidir sobre la pena concreta que corresponde aplicar a un imputado?
En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que su decisión no prejuzga la pena, pues esa materia corresponde al tribunal penal. Su pronunciamiento se limitó a la constitucionalidad de la norma que excluye las penas sustitutivas.
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