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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad.

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad. Respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, declaró su inaplicabilidad por estimar que la restricción a las penas sustitutivas vulnera el principio de proporcionalidad y la dignidad humana, al excluir ciertos delitos de forma desproporcionada e inequitativa. En cambio, rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, sobre control de armas, por considerar que el legislador tiene primacía para fijar la política criminal dentro de límites constitucionales, sin que la disposición impugnada afecte la proporcionalidad ni la dignidad personal, al tratarse de delitos de alta relevancia social como el narcotráfico y el crimen organizado.

Normas citadas

  • artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
  • artículo 17 B, de Ley N° 17.365
  • artículo 65, de Código Penal
  • artículo 69, de Código Penal
  • artículo 68, de Código Penal
  • artículo 67, de Código Penal
  • artículo 66, de Código Penal
  • artículo 74, de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoReinserción socialpenas sustitutivasIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaley de control de armas

Preguntas frecuentes

¿Es inaplicable la restricción de penas sustitutivas que excluye a ciertos delitos de la Ley 18.216 por vulnerar la proporcionalidad?

Sí. En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, al estimar que la restricción a las penas sustitutivas excluye ciertos delitos de forma desproporcionada e inequitativa, vulnerando el principio de proporcionalidad y la dignidad humana.

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional una norma de control de armas que impide penas sustitutivas por razones de política criminal?

No en este caso. El Tribunal rechazó la impugnación del artículo 17 B, inciso segundo, de la Ley N° 17.798, porque el legislador tiene primacía para fijar la política criminal dentro de límites constitucionales, y la disposición no afecta la proporcionalidad ni la dignidad personal.

¿Qué criterio usa el Tribunal Constitucional para justificar que ciertos delitos graves queden excluidos de beneficios penales?

En este caso, el Tribunal sostuvo que la exclusión es constitucionalmente admisible cuando responde a delitos de alta relevancia social, como el narcotráfico y el crimen organizado, dentro de los márgenes de la política criminal del legislador.

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