El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando que el artículo 29, inciso primero, del Decreto Ley N° 3.538 vulnera el principio de legalidad (artículo 19, N° 3, inciso sexto, de la Constitución) al permitir a la Superintendencia de Valores y Seguros fijar multas de hasta un 30% del valor de la emisión u operación irregular sin criterios claros de graduación. El Tribunal sostuvo que la norma carece de densidad normativa suficiente para prever con certeza las consecuencias de las infracciones, generando una indeterminación incompatible con las garantías constitucionales de racionalidad y justicia procedimental, afectando el debido proceso y el derecho de propiedad. Sin embargo, en la parte resolutiva, el Tribunal desestimó la inaplicabilidad respecto de la gestión pendiente, al considerar que la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas no deriva de la norma impugnada, sino del artículo 19 de la Ley N° 18.216, que establece la sumatoria de penas para condenados que excedan los cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.
Normas citadas
artículo 3, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 21, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
artículo 56, inciso N/A, numeral N/A, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social
Preguntas frecuentes
¿La Superintendencia de Valores y Seguros puede fijar multas sin criterios claros de graduación sin vulnerar el principio de legalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la norma que permite a la Superintendencia fijar multas de hasta un 30% del valor de la emisión u operación irregular carece de densidad normativa suficiente, por lo que genera una indeterminación incompatible con el principio de legalidad del artículo 19 N° 3 de la Constitución.
¿Qué tipo de vulneración constitucional reconoce el Tribunal Constitucional cuando una sanción administrativa no tiene criterios de graduación definidos?
El Tribunal sostuvo que la falta de criterios claros afecta la racionalidad y la justicia procedimental, así como el debido proceso y el derecho de propiedad, al no permitir prever con certeza las consecuencias de las infracciones.
¿Procede la inaplicabilidad de una norma sancionatoria cuando la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas deriva de otra disposición legal?
En este caso, el Tribunal desestimó la inaplicabilidad respecto de la gestión pendiente, al considerar que la imposibilidad de acceder a penas sustitutivas no deriva de la norma impugnada, sino del artículo 19 de la Ley N° 18.216, que establece la sumatoria de penas.
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