El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Superintendencia…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Superintendencia de Pensiones, ordenando la entrega de las gestiones realizadas en relación con una denuncia del reclamante, incluyendo oficios enviados a las AFP investigadas y sus respuestas. Se consideró que la información solicitada es de naturaleza pública y se desestimó la causal de reserva basada en el privilegio deliberativo alegada por el organismo. En aplicación del principio de divisibilidad, antes de la entrega, la Superintendencia deberá tarjar los datos personales y sensibles de terceros distintos al reclamante, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada. La resolución incluye la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento y establece el plazo para interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Ley N° 19.628
Oficio N° 3185
Artículo 17° de la Ley N° 19.880
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un organismo público puede negarse a entregar las gestiones realizadas en una denuncia alegando el privilegio deliberativo?
En este caso, el Consejo para la Transparencia desestimó la causal de reserva por privilegio deliberativo alegada por la Superintendencia de Pensiones y ordenó la entrega de las gestiones realizadas en relación con la denuncia, incluidos los oficios enviados a las AFP investigadas y sus respuestas.
¿Qué datos deben tarjarse antes de entregar información pública que contiene datos de terceros?
En aplicación del principio de divisibilidad, el Consejo ordenó a la Superintendencia tarjar previamente los datos personales y sensibles de terceros distintos al reclamante, conforme a la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
¿Qué consecuencias tiene el incumplimiento de una resolución de amparo del Consejo para la Transparencia?
En este caso, la resolución prevé la posibilidad de imponer multas al organismo en caso de incumplimiento, y establece el plazo para interponer reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones.
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