Resumen del criterio jurisprudencial
La Fiscalía acusó a los imputados por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. Las Defensas solicitaron la absolución de sus representados alegando la ilegalidad de la actuación del agente encubierto, principal prueba en su contra, por cuanto ella significó la vulneración de derechos constitucionales de sus representados. El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal rechazó, en voto dividido, las alegaciones de las Defensas, condenando por el delito de tráfico ilícito de estupefacientes. En representación de los imputados se interpusieron sendos recursos de nulidad fundados en los artículos 373 letra a) y 374 letra f) del Código Procesal Penal. La Corte Suprema rechazó los recursos declarando que los derechos de los acusados no fueron vulnerados. Al efecto aclaró que el Tribunal Oral sólo valora la prueba rendida, no siendo competente para pronunciarse respecto de la improcedencia de una prueba, por cuanto ello es atribución del Tribunal de Garantía. Analizando en el fondo la prueba cuestionada, declaró que ésta cumplió con todos los requisitos que el artículo 34 de la Ley 19.366 exige, no viéndose, en consecuencia, vulnerados los derechos de los acusados.