Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el cálculo del desahucio otorgado a una exfuncionaria del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, quien consultó por su monto y por la falta de pago de un bono de incentivo al retiro. El dictamen explica que el desahucio del decreto con fuerza de ley N° 338, de 1960, equivale a un mes de la última remuneración imponible y computable por cada año o fracción superior a seis meses, sin exceder de veinticuatro veces dicho valor, y que solo se consideran el sueldo base del grado y la asignación de antigüedad vigentes al cese. Aplicando esas reglas al caso, el beneficio se fijó en 24 veces la suma de ambos estipendios. Respecto del incentivo al retiro de la ley N° 19.937, el organismo señaló que el reclamo debe dirigirse al exempleador, por ser este el obligado a pagarlo conforme al decreto N° 83, de 2004, del Ministerio de Salud.